El documento de más de 30 páginas pasa revista en profundidad a los alcances y efectos de quince años de intervención estatal en la población. El informe presta particular atención a los mecanismos de control policial sobre la población, así como la forma en que la justicia afronta las denuncias por allanamientos continuos que afectan al lugar. El escrito también destaca la fuerte criminalización de sus habitantes y organizaciones, que produce -entre otras cosas- prácticas discriminatorias hacia quienes viven en La Legua.