VERDAD Y JUSTICIA

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Fotografía de Luisa Toledo en el Pedagógico

Fotografía de Luisa Toledo, madre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por Carabineros el 29 de marzo de 1985.
La imagen corresponde a una presentación de Luisa en noviembre de 1988 en el ex Pedagógico, nombre con el que era conocido el antiguo Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, hoy convertida en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En dicho establecimiento de educación superior estudiaba pedagogía en Historia Eduardo, quien había ingresado a la universidad en 1982, siendo posteriormente desvinculado.

Manuel Cabieses Donoso

Recuperación

Sección compuesta por documentos que dan cuenta del largo proceso de recuperación de Londres 38, el cual comienza el mismo año 1974 con las primeras denuncias de los sobrevivientes y familiares de los prisioneros. Posteriormente, diversas manifestaciones realizadas en el marco de las luchas por verdad y justicia, a lo largo de los años 80 y 90, continuaron "marcando" el lugar, incluyendo la toma del inmueble por parte de un grupo de jóvenes, algunos de ellos hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado.
En julio de 2005, el Colectivo Londres 38 solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales la declaratoria del lugar como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, la cual fue acogida en octubre del mismo año . El objetivo de este gesto era "hacer ver", marcar, hacer visible en la sociedad y en el espacio público este lugar y la historia asociada, para contribuir a la recuperación de la memoria y junto con ello proteger el lugar de la venta o destrucción, tal como ya había sucedido con otros ex centros de detención y tortura.
Al mismo tiempo, el Colectivo Londres 38 inició las gestiones para construir un memorial o intervención urbana de carácter conmemorativa en la calle Londres.
El 23 de febrero de 2006, el Colectivo Londres 38, en conjunto con el Colectivo 119, el Codepu y la Coordinadora de ex-prisioneros y ex-prisioneras políticas de Santiago, realizaron un llamado público para impedir la subasta de Londres 38 que el Instituto O'Higginiano pretendía llevar a cabo, y para que el Estado gestionara la recuperación del inmueble.

El pretendido remate se suspendió debido a las trabas que su reciente condición de Monumento Histórico imponía, a las denuncias realizadas y a las movilizaciones efectuadas semanalmente en su frontis.

En agosto de 2007, el inmueble fue recuperado por el Estado a través de una permuta gestionada bajo el gobierno de Michelle Bachelet. En diciembre del mismo año, el Instituto O'Higginiano abandonó Londres 38, produciéndose el primer ingreso masivo a la casa.

Los siguientes hitos fueron la realización de un homenaje y ceremonia ecuménica organizada por el Colectivo 119, Familiares y amigos, el 22 de enero de 2008; y la primera apertura masiva del lugar con motivo del Día del Patrimonio Cultural, organizada por el Colectivo Londres 38 en mayo. En esta última ocasión el lugar recibió mil 300 visitantes, siendo uno de los sitios más visitados del sector. A estos hitos se suman el Peritaje en Septiembre 1990 de la Jueza Gloria Olivares y después la reconstitución de escena con la Ministra Olivares, 10 testigos sobrevivientes y 3 agentes de la DINA.

Durante todo el proceso de recuperación, el destino de Londres 38 fue objeto de disputa y controversia. Ésta se agudizó, particularmente, a raíz de la decisión del gobierno, anunciada en agosto de 2007 de que el recinto sería destinado al Instituto de los Derechos Humanos, entidad que a esa fecha aún no había sido creada.

Mediante este gesto del ejecutivo, que desoyó diversas demandas, se verificó lo que fue definido como un intento por llevar a cabo la tercera "borradura" de Londres 38, lo cual motivó una Campaña que logró concitar un amplio apoyo de personas y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Durante meses el lugar permaneció desocupado sin que se adoptara ninguna decisión ni medidas de conservación del lugar, lo que provocó el derrumbe de uno de sus muros a causa de las lluvias. No obstante, se autorizó el uso de la casa en torno a actividades y fechas específicas. De esa manera, se fue instalando una cierta rutina que permitió que el lugar comenzara a ser habitado y utilizado como un espacio de uso público, realizándose actividades culturales y conmemorativas, y reuniones de trabajo relacionadas con el destino y uso del inmueble, formulándose entonces las primeras propuestas de uso del inmueble.

Londres 38, espacio de memorias

Frontis 1091

Fotografía del frontis de una casa con numeración 1091 con la imagen de Alejandro Parada González, detenido desaparecido desde el 30 de julio de 1974.

Carta de solicitud de información sobre el paradero de Carlos Salcedo

Carta de solicitud de información sobre el paradero de Carlos Salcedo, emitida por su esposa María Soledad Henríquez y enviada al Ministro del Interior el 22 de julio de 1975. En ella se describe la difícil y dolorosa situación familiar tras la detención de Carlos el 11 de agosto de 1974, solicitándose la normalización del caso de su marido en conformidad a las disposiciones entregadas en el decreto ley Nº 1009, el cual faculta a los organismos de inteligencia a "detener preventivamente a las personas a quienes presuma como culpables de poner en peligro la seguridad del Estado" en un plazo máximo de 5 días, tras el cual el detenido sería dejado en libertad o puesto a disposición del Tribunal que corresponda.

María Soledad Henríquez

Carta de respuesta ante solicitud de información sobre el paradero de Carlos Salcedo

Carta a María Soledad Henríquez emitida por el Ministerio del Interior como respuesta a la solicitud de información sobre el paradero de su esposo Carlos Salcedo, detenido el 16 de agosto de 1974. En ella, el general Raúl Benavides Escobar, sostiene que no se registran antecedentes en dicho ministerio y pese a las averiguaciones realizadas no hay constancia de la detención de Carlos y se desconoce su paradero.

Ministerio del Interior

Oficio sobre el caso de Carlos Salcedo

Oficio de la Secretaría General de Gobierno sobre la detención y desaparición de Carlos Salcedo. En el documento, su esposa María Soledad Henríquez en compañía de su abogado Sergio Concha, solicitan la aclaración de la situación de Carlos Salcedo tras la publicación por parte del gobierno dictatorial de una lista con más de 1200 nombres de detenidos desaparecidos cuyos casos se encontrarían supuestamente solucionados y entre los que figura el nombre de Carlos. María Soledad solicita al Registro Civil, la Cruz Roja y la Central Nacional de Informaciones (CNI) hacer llegar a la Secretaría General de Gobierno los documentos pertinentes para aclarar la identidad de la persona que figura en la lista. En caso de no ser la misma, se exige la aclaración del lugar de detención de Salcedo de quien no se tiene información desde el día de su detención el 16 de agosto de 1974.

Secretaría General de Gobierno

Carta del Subsecretario de Justicia a Pascualina Morales por el caso de Juan Miguel Mura

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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