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La Coordinadora 18 de octubre por la liberación de lxs prisionerxs politicxs es una organización anti carcelaria que se conformó en diciembre del año 2019, durante la Revuelta Social. Desde ese entonces su objetivo es solidarizar con los presxs políticxs del país, denunciando las condiciones represivas y políticas de los procesos judiciales, y exigiendo su liberación inmediata al Estado. La solidaridad se expresó primero con lxs presxs de la revuelta y luego de discusiones y posicionamientos fue ampliada a todxs lxs presxs políticxs.

La Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas es una organización anticarcelaria que se conformó a principio de los años 90’, en medio de la detención y prisión política contra las organizaciones que desarrollaban una política militar -en este caso específico- del Movimiento Juvenil Lautaro. La organización en un comienzo nace como la Agrupación de Madres Guacoldas, para luchar por la libertad de los prisioneros políticos en Democracia, cesando sus funciones en el año 2005, cuando el último de los prisioneros sale en libertad. Sin embargo, tras el comienzo de la Revuelta del 18 de octubre, del año 2019, y tras la nueva detención de los militantes lautarinos Lautaro Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rubén Rivas, por parte de agentes del estado, la organización se re articuló respondiendo y evidenciando la situación de persecución política contra estos militantes sociales.

La Asamblea Barrio Brasil nace de manera autoconvocada, como una instancia de organización y participación comunitaria en respuesta a la Movilización Nacional. Desde el 24 de octubre se impulso este espacio, construido comunitariamente, buscando fortalecer los lazos entre vecinos y reactivar la socialización en el barrio.

Tras el golpe de estado de 1973, el exilio se transformó en la realidad de más de 20.000 personas en el país, que buscaban refugiarse del terrorismo de estado chileno. En este contexto, y gracias a solidaridad de estados extranjeros como Francia. Con el paso de los años, y al día siguiente de la detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, nace en París la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos en Francia. Conformada por más de un centenar de sobrevivientes de la represión pinochetista. Se constituyeron en asociación a la ley 1901 (Journal Officiel 1533 del 9 de enero 1999), con el fin de poder actuar a todos los niveles contra la impunidad, por un trabajo de memoria, una exigencia de verdad y justicia.

La Coordinadora Feminista 8M (CF8M), es un espacio que articula, desde un horizonte feminista a múltiples y diversas organizaciones sociales, políticas e individualidades. Queremos hacer del feminismo una perspectiva y acción política transversal de los movimientos sociales, promover el encuentro, diálogo y acción colectiva entre distintas organizaciones e impulsar una agenda común de movilizaciones desde un feminismo de mayorías contra la precarización de la vida.

Organización médica del país, que agrupa a más de 30 mil profesionales, con presencia en todo Chile, a través de su red de 20 Consejos Regionales, desde Arica a Punta Arenas.

El Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los presos de la revuelta social en Chile, es una organización de Derechos Humanos creada para apoyar a los presos y a sus familias. Nació en Febrero 2020 y reúne a madrinas y padrinos de Francia, Alemania, Suiza, Italia, Canadá y Chile. Su acción está basada en una red de solidaridad y de intercambio directo con las familias y con los jóvenes presos, interlocutores privilegiados y legítimos en el marco de la relación de padrinazgo con estos últimos. Las familias y jóvenes apadrinados por el Colectivo están repartidos a través de todo el territorio chileno, se encuentran en diferentes situaciones procesales y son acusados por el Estado chileno de diversos delitos.
Tiene como objetivo darle visibilidad y denunciar, a escala internacional, la situación de los presos, con la finalidad de obtener que las condiciones de reclusión respeten los Derechos Humanos y permitan de proteger su salud física y mental, además de estar presentes en todas las etapas públicas del procedimiento judicial, con el fin de asegurar la realización de juicios justos y que no haya vulneración en el proceso y acompañar, con todos los medios al alcance (morales, económicos, relacionales, etc.) la reinserción de los jóvenes detenidos y/o condenados a través de programas de ayuda individualizados (formación, cursos, inserción laboral, etc.).