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Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la comunicación núm. 2627/2015, violación del derecho a la libertad de expresión por la incautación de obra artística realizada en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe civil militar. En lo esencial del dictamen el Comité considera que la remoción forzada de la obra “Puentes de la Memoria” por parte de Carabineros de Chile constituyó una clara restricción a la libertad de expresión de los autor, en consecuencia el Estado tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo, requiere una reparación íntegra a los individuos cuyos derechos hayan sido violados, las medidas se señalan en el documento.

Carta de Londres 38, espacio de memorias, dirigida a Julissa Mantilla Falcón, Tania Reneaum Panszi y Joel Hernández de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de solicitar que, basados en la normas internacionales sobre derechos humanos, se requiera al Estado de Chile y sus diversas autoridades toda la información pertinente sobre la negativa del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, de concurrir a declarar en calidad de imputado ante el Ministerio Público en el marco de la investigación penal contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, originada en la perpetración de numerosos crímenes de Estado por integrantes de Carabineros de Chile en contra de la población civil desde octubre de 2019.

Descripción de la serie de Télex del Archivo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) según norma internacional de descripción de archivos (ISAD-G). Los telex forman parte del archivo descubierto en el inmueble de República 475 el organismo represivo de la dictadura cívico militar que sucedió a la DINA y que funcionó hasta 1990. El inmueble de República 475 fue ocupado por la DINA en 1974 y luego, tras su disolución, traspasado a la CNI en 1978. La casona funcionó como el cuartel central del organismo represivo, donde estaban las oficinas de su director, así como los departamentos auxiliares bajo su mando, entre ellos los de Finanzas, Comunicaciones y otros.

La familia de David Riquelme Ruiz, asesinado la madrugada del 10 de marzo de 2010 en la VIII Región por infantes de Marina, tiene esperanzas de conseguir justicia. Pero esta ha sido esquiva: los cinco militares responsables del crimen fueron licenciados de la Armada y condenados a bajas penas que les han permitido vivir en libertad; mientras un sobreviviente, Iván Rojas Araneda, permanece con secuelas físicas y psicológicas de las torturas que recibió junto a su amigo.

Registro audiovisual sobre el asesinato del joven Manuel Gutiérrez ocurrido el 25 de agosto de 2011 durante una protesta social. Luego de tres años el caso sigue en la Justicia Militar y el autor material del crimen, un carabinero, en libertad.

En una conferencia de prensa realizada el viernes 11 de abril de 2014, Londres 38, espacio de memorias, anunció la apertura de las fichas de la ex Colonia Dignidad sobre los detenidos desaparecidos vinculados a este centro de represión.

Informe de Londres 38, espacio de memorias, para la adopción de la lista de cuestiones previas relacionadas con el examen del Estado de Chile en la sesión nº 15 del CED. Contiene comentarios respecto a desaparición forzada durante la dictadura cívico militar: verdad, justicia, memoria y reparación simbólica; Definición de desaparición forzada y tipificación independiente; Medidas adoptadas para investigar y sancionar la desaparición forzada: Tribunal Constitucional, Plan Nacional de búsqueda; Sanción y proporcionalidad de la pena; media prescripción, prescripción, beneficios carcelarios; derecho al acceso a la información: secreto Informe Valech y Ley 18.771; Otros: Prófugos de la justicia, caso puentes de la memoria, destrucción de archivos en democracia.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.