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Fotografía de rostro de José Alejandro Campos Cifuentes.

Pasaporte de Juan Ramón Olivares Pérez otorgado por el Reino Unido, país donde vivió su exilio tras su salida de Chile.

El documento de viaje es emitido según lo dispuesto por la "Convención sobre el Estatuto de Refugiados" adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951. Dicha convención otorga protección legal y derechos a las personas que se encuentren refugiadas bajo el principio de de non-refoulement, o no devolución, el cual estable que una persona refugiada no puede ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.

Según lo dispuesto en el artículo 27 de la convención, los países contratantes pueden conceder documentos de viaje a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios, entendiendo por "refugiados" a toda persona que se encuentre fuera de su país de nacionalidad debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, nacionalidad u opiniones políticas.

El documento contiene los datos personales del refugiado, además de su fotografía y posibilita el ingreso a cualquier nación, excepto Chile.

Fotografía de rostro de Fernando González Iribarren.

Fotografía de Juan J. Boncompte A.

Fotografía de rostro de Sergio Peña Díaz

Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA y coronel en servicio, fue sometido a nuevos interrogatorios y careos por órdenes de la Ministra Gloria Olivares en relación al caso de desaparición del caso Chanfreau. En esta oportunidad Krassnoff negó nuevamente las acusaciones que pesan en su contra, pese a los careos desarrollados con testigos y sobrevivientes como Patricio Bustos, Osvaldo Torres, María Virginia Hernández, Nubia Becker, Patricia Barceló, Roberto Merino, Mauricio Galaz, Ricardo Froedden, León Gómez, Ofelia Nistal, Mariela Albrecht, entre otros.
La nota incluye un apartado con datos biográficos de Krassnoff y su familia.

A un año del Informe Rettig, agrupaciones de DDHH piden anular los efectos del decreto amnistía de 1978. Los parlamentarios socialistas Camilo Escalona y Jaime Naranjo, solicitaron al gobierno el compromiso para presentar y aprobar ley que permita revocar las disposiciones de la Ley 2191 que impide investigar los crímenes cometidos durante los primeros años de la dictadura.

La memoria de título expone como la disciplina arqueológica se ha hecho participé en las violaciones a los derechos humanos a través de las malas practicas y errores que han presentado sus miembros.

Documento que deriva la solicitud realizada por Gloria Elgueta Pinto del Ministerio Secretaría General de Gobierno a la Armada de Chile.