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En una conferencia de prensa realizada el viernes 11 de abril de 2014, Londres 38, espacio de memorias, anunció la apertura de las fichas de la ex Colonia Dignidad sobre los detenidos desaparecidos vinculados a este centro de represión.

Informe con diligencias realizadas ante el hallazgo de documentos en el inmueble ubicado en Avenida Republica Nº475, en donde funcionó cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En septiembre del 2005 funcionarios de la Brigada Especializada de la Policía de Investigaciones de Chile respondieron al llamado de la Directora Ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, la señora Patricia Espejo, quien da aviso de un hallazgo de documentación en el inmueble ocupado en ese entonces por la Fundación Salvador Allende.
Los documentos fueron incautados por la Policía, quienes remitieron la documentación al Ministro Hugo Dolmestch, quien encargó diligencias y peritajes, para finalmente archivar la documentación en los laboratorios de Criminalística Central, sección Sala de Custodia en Evidencias en octubre del 2006. Londres 38, espacio de memorias recibió una copia de digital de este informe en el primer semestre del año 2015.

A fines de septiembre de 2005, trabajadores descubrieron en el inmueble de República 475 un conjunto de documentos que forman parte de los Archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represivo de la dictadura cívico militar que sucedió a la DINA y que funcionó hasta 1990.
El inmueble de República 475 fue ocupado por la DINA en 1974 y luego, tras su disolución, traspasado a la CNI en 1978. La casona funcionó como el cuartel central del organismo represivo, donde estaban las oficinas de su director, así como los departamentos auxiliares bajo su mando, entre ellos los de Finanzas, Comunicaciones y otros.
Los archivos hallados comprenden informes emitidos desde oficinas locales de la CNI hacia el mando, un libro con el registro de los agentes y sus números telefónicos que estaban destinados a ministerios, servicios públicos, alcaldías, organismos regionales, etc; un libro de contabilidad con los pagos a los funcionarios de la CNI; gráficos (organigramas) y oficios, entre otros materiales. El documento corresponde a una porción del archivo consistente a 429 télex.

El enorme volumen de documentos, fichas, carpetas y sobres hallados en contenedores enterrados al interior de la ex Colonia Dignidad, obligó hace diez años a que el juez que investigaba los crímenes al interior de ese lugar solicitara a la Policía de Investigaciones un informe detallado de los contenidos e informaciones registradas en el llamado Archivo de la Colonia Dignidad.
La tarea de ordenar, clasificar y vaciar la información en distintas matrices de análisis recayó en la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL) de la PDI. El organismo especializado entregó una serie de informes y documentos que Londres 38 hace públicos en el marco de su campaña No Más Archivos Secretos.
El juez instructor de las causas contra distintos personeros de la ex Colonia Dignidad, el magistrado Jorge Zepeda, mantuvo bajo completa restricción de acceso a los documentos incautados durante casi una década; lo mismo sucedió con el informe.

Informe de Londres 38, espacio de memorias, para la adopción de la lista de cuestiones previas relacionadas con el examen del Estado de Chile en la sesión nº 15 del CED. Contiene comentarios respecto a desaparición forzada durante la dictadura cívico militar: verdad, justicia, memoria y reparación simbólica; Definición de desaparición forzada y tipificación independiente; Medidas adoptadas para investigar y sancionar la desaparición forzada: Tribunal Constitucional, Plan Nacional de búsqueda; Sanción y proporcionalidad de la pena; media prescripción, prescripción, beneficios carcelarios; derecho al acceso a la información: secreto Informe Valech y Ley 18.771; Otros: Prófugos de la justicia, caso puentes de la memoria, destrucción de archivos en democracia.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.

Documento sobre el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de una serie de obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Chile deberá responder ante el examen que rendirá en el periodo 16° de sesiones del CED, a realizarse entre el 8 y 18 de abril de 2019 en Ginebra.