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Con el propósito de que la justicia investigue y determine el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas, Londres 38 espacio de memorias inicia una querella por los delitos de inhumación ilegal y asociación ilícita contra quienes participaron en estos hechos criminales.

Respuesta recibida por parte del Poder Judicial a partir de una solicitud de información por transparencia realizada por Londres 38, espacio de memorias, sobre estado de las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, indicando nombre de procesados o condenados y penas según corresponda.

Querella presentada por las desapariciones de 85 víctimas del recinto Londres 38, en contra del directorio de las Empresas Pesquera Chile Ltda. y Pesquera Arauco S.A, así como también respecto de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que formaron parte de dichos directorios. La querella menciona que la acción penal se dirigirá en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores, de los delitos de secuestro calificado, inhumación ilegal y asociación ilícita de las 85 víctimas que estuvieron recluidas en el centro de detención y torturas de Londres 38. En la querella se menciona el contexto general de desaparición forzada que operó, en un comienzo, desde el cuartel de Londres 38, oportunidad en que los agentes de la DINA trasladaron a las víctimas a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y a Rocas de Santo Domingo, utilizando para dichos traslados las camionetas y camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco, siendo custodiados en todo momento, por agentes de la DINA.

La familia de David Riquelme Ruiz, asesinado la madrugada del 10 de marzo de 2010 en la VIII Región por infantes de Marina, tiene esperanzas de conseguir justicia. Pero esta ha sido esquiva: los cinco militares responsables del crimen fueron licenciados de la Armada y condenados a bajas penas que les han permitido vivir en libertad; mientras un sobreviviente, Iván Rojas Araneda, permanece con secuelas físicas y psicológicas de las torturas que recibió junto a su amigo.

Registro audiovisual sobre el asesinato del joven Manuel Gutiérrez ocurrido el 25 de agosto de 2011 durante una protesta social. Luego de tres años el caso sigue en la Justicia Militar y el autor material del crimen, un carabinero, en libertad.

Marcha por educación pública gratuita y de calidad. Afiches de Londres 38, espacio de memorias contra la impunidad en crimen de Manuel Gutiérrez y por el fin de la Justicia militar.

Primera parte de tesis que analiza a través de lo arquitectónico y lo urbano los temas de la recuperación de la memoria, la desaparición, el olvido, las interpretaciones de la historia, el sufrimiento. A partir de lo urbano se observa como la ciudad no releva los espacios de memoria.

Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la comunicación núm. 2627/2015, violación del derecho a la libertad de expresión por la incautación de obra artística realizada en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe civil militar. En lo esencial del dictamen el Comité considera que la remoción forzada de la obra “Puentes de la Memoria” por parte de Carabineros de Chile constituyó una clara restricción a la libertad de expresión de los autor, en consecuencia el Estado tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo, requiere una reparación íntegra a los individuos cuyos derechos hayan sido violados, las medidas se señalan en el documento.

Documento que busca profundizar en el elemento de "política del Estado" contenido en la conceptualización del delito de lesa humanidad. Concluye con la necesidad de una interpretación, frente a la ausencia de un concepto específico en la normativa nacional del elemento de la política, junto con ello indiaca que al observar cómo los crímenes de lesa humanidad han sido abordados desde la práctica por los tribunales resulta indispensable la búsqueda de aportes para su adecuada conceptualización como formula de lucha contra la impunidad.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.