El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".
Marcha por educación pública gratuita y de calidad. Afiches de Londres 38, espacio de memorias contra la impunidad en crimen de Manuel Gutiérrez y por el fin de la Justicia militar.
Registro audiovisual sobre el asesinato del joven Manuel Gutiérrez ocurrido el 25 de agosto de 2011 durante una protesta social. Luego de tres años el caso sigue en la Justicia Militar y el autor material del crimen, un carabinero, en libertad.
La familia de David Riquelme Ruiz, asesinado la madrugada del 10 de marzo de 2010 en la VIII Región por infantes de Marina, tiene esperanzas de conseguir justicia. Pero esta ha sido esquiva: los cinco militares responsables del crimen fueron licenciados de la Armada y condenados a bajas penas que les han permitido vivir en libertad; mientras un sobreviviente, Iván Rojas Araneda, permanece con secuelas físicas y psicológicas de las torturas que recibió junto a su amigo.
El enorme volumen de documentos, fichas, carpetas y sobres hallados en contenedores enterrados al interior de la ex Colonia Dignidad, obligó hace diez años a que el juez que investigaba los crímenes al interior de ese lugar solicitara a la Policía de Investigaciones un informe detallado de los contenidos e informaciones registradas en el llamado Archivo de la Colonia Dignidad. La tarea de ordenar, clasificar y vaciar la información en distintas matrices de análisis recayó en la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL) de la PDI. El organismo especializado entregó una serie de informes y documentos que Londres 38 hace públicos en el marco de su campaña No Más Archivos Secretos. El juez instructor de las causas contra distintos personeros de la ex Colonia Dignidad, el magistrado Jorge Zepeda, mantuvo bajo completa restricción de acceso a los documentos incautados durante casi una década; lo mismo sucedió con el informe.
Amicus Curiae sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el Caso Omar Maldonado Vargas y Otros contra el Estado de Chile (Caso Nº 12.500 ante la CIDH).
Informe con diligencias realizadas ante el hallazgo de documentos en el inmueble ubicado en Avenida Republica Nº475, en donde funcionó cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI). En septiembre del 2005 funcionarios de la Brigada Especializada de la Policía de Investigaciones de Chile respondieron al llamado de la Directora Ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, la señora Patricia Espejo, quien da aviso de un hallazgo de documentación en el inmueble ocupado en ese entonces por la Fundación Salvador Allende. Los documentos fueron incautados por la Policía, quienes remitieron la documentación al Ministro Hugo Dolmestch, quien encargó diligencias y peritajes, para finalmente archivar la documentación en los laboratorios de Criminalística Central, sección Sala de Custodia en Evidencias en octubre del 2006. Londres 38, espacio de memorias recibió una copia de digital de este informe en el primer semestre del año 2015.
El documento contiene todas las causas, el tribunal que las tramita, el estado procesal de ellas, la calificación de los delitos imputados y la identificación de las víctimas que son atribuidas al ex agente de la DINA y oficial en retiro de Carabineros.
Descripción de la serie de Télex del Archivo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) según norma internacional de descripción de archivos (ISAD-G). Los telex forman parte del archivo descubierto en el inmueble de República 475 el organismo represivo de la dictadura cívico militar que sucedió a la DINA y que funcionó hasta 1990. El inmueble de República 475 fue ocupado por la DINA en 1974 y luego, tras su disolución, traspasado a la CNI en 1978. La casona funcionó como el cuartel central del organismo represivo, donde estaban las oficinas de su director, así como los departamentos auxiliares bajo su mando, entre ellos los de Finanzas, Comunicaciones y otros.
