Nota de prensa sobre el proceso de recuperación de la casa Londres 38 y la propuesta de convertirlo en sede del Instituto de Derechos Humanos. Se incluyen declaraciones de Raimundo Elgueta, ex militante de MIR y sobreviviente.
Corporación de Asistencia Judicial asumió la defensa del ex agente de la DINA Osvaldo Romo, provocando la renuncia de los abogados Luis Bates y Davor Harasic, sosteniendo que patrocinar la defensa de Romo resultaba incompatible con la intención de la Corporación de llevar casos de violaciones a los derechos humanos.
Director de Investigaciones, Nelson Mery, culminó con los extensos interrogatorios realizados al ex agente de la DINA Osvaldo Romo y será puesto a disposición de la jueza Dobra Lusic. Por otro lado, el pleno de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el abogado querellante Nelson Caucoto y ratificó la decisión de traspasar el caso de investigación por la desaparición de Alfonso Chanfreau a la justicia militar.
Funcionarios de la justicia militar, Luis Berger (titular de la Cuarta Fiscalía Militar) y Cesar Ocaranza (representante del Ministerio Público Militar) concurren al cuartel general de Investigaciones para interrogar al ex agente de la DINA Osvaldo Romo, situación que fue negada tras la disposición de la Jueza Dobra Lusic de mantenerlo incomunicado.
El ex agente de la DINA Osvaldo Romo declara en extensos interrogatorios compareciendo ante titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, la jueza Dobra Lusic.
Tras un largo proceso, el ex agente de la DINA Osvaldo Romo fue expulsado de Brasil y traído a Chile por funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Continuación de la Investigación exclusiva del diario La Nación sobre el financiamiento secreto de la DINA, la cual contó con apoyo de la CIA y redes económicas en el extranjero.
Investigación exclusiva del diario La Nación sobre el financiamiento secreto de la DINA, en el que se detallan las más de 70 empresas que llegó a Manuel Contreras, jefe del organismo, entre 1973 y 1977 para costear sus operaciones tanto dentro como fuera de Chile. Instituciones como Empresa Pesquera de Chile (Epech), Sopesa y Pesquera Arauco fueron usadas además para el traslado de prisioneros.