Fotografía de presos políticos privados de libertad en la Cárcel Pública de Santiago. En la imagen se observa de izquierda a derecha a Jorge Palma, Hugo Marchant, Fermín Montes, Carlos García Herrera y Carlos Araneda, todos condenados a pena de muerte entre 1984 y 1989 por la justicia militar.
Fotografía de presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago. En la imagen ser observa de izquierda a derecha: Jorge Palma, Hugo Marchant, Eduardo Arancibia, Carlos Araneda y Carlos García Herrera, todos condenados a pena de muerte por la justicia militar entre 1984 y 1989.
Fotografía de Fermín Montes, a la derecha de la imagen, junto a otro preso político con quien comparte su reclusión en la Cárcel Pública de Santiago. Montes, al igual que otras 17 personas, fueron condenadas a pena de muerte por la justicia militar chilena entre 1984 y 1989.
Fotografía de presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago. De izquierda a derecha aparece: Guillermo Rodríguez, Hugo Marchant y Sergio Silva, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condenados a pena de muerte por la justicia militar durante la dictadura cívico militar chilena.
Abogado Nelson Caucoto manifestó su sorpresa ante la petición realizada por el juez militar Hernán Ramírez quien solicitó a la Ministra Gloria Olivares traspasar la investigación por la desaparición de Alfonso Chanfreau a los tribunales castrenses.
Titular del Segundo Juzgado Militar, Hernán Ramírez, solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que la Ministra Gloria Olivares traspase el proceso investigativo por la desaparición de Alfonso Chanfreau, a la justicia castrense, situación que llevaría a Osvaldo Romo a declarar frente a los tribunales militares.
Comité Pro Anulación de la Amnistía del Comité de Derechos del Pueblo (CODEPU), expresó su preocupación ante la posibilidad de que el ex agente de la DINA Osvaldo Romo sea traspasado a la justicia militar y protegido por la Ley de Amnistía cuando regrese a Chile.
Corte Suprema determinará competencia de caso Chanfreau entre la justicia civil y militar. Por su parte la ministra Gloria Olivares sostuvo que no traspasará la investigación a los tribunales castrenses.