Corporación de Asistencia Judicial asumió la defensa del ex agente de la DINA Osvaldo Romo, provocando la renuncia de los abogados Luis Bates y Davor Harasic, sosteniendo que patrocinar la defensa de Romo resultaba incompatible con la intención de la Corporación de llevar casos de violaciones a los derechos humanos.
Director de Investigaciones, Nelson Mery, culminó con los extensos interrogatorios realizados al ex agente de la DINA Osvaldo Romo y será puesto a disposición de la jueza Dobra Lusic. Por otro lado, el pleno de la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el abogado querellante Nelson Caucoto y ratificó la decisión de traspasar el caso de investigación por la desaparición de Alfonso Chanfreau a la justicia militar.
Funcionarios de la justicia militar, Luis Berger (titular de la Cuarta Fiscalía Militar) y Cesar Ocaranza (representante del Ministerio Público Militar) concurren al cuartel general de Investigaciones para interrogar al ex agente de la DINA Osvaldo Romo, situación que fue negada tras la disposición de la Jueza Dobra Lusic de mantenerlo incomunicado.
El ex agente de la DINA Osvaldo Romo declara en extensos interrogatorios compareciendo ante titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, la jueza Dobra Lusic.
Tras un largo proceso, el ex agente de la DINA Osvaldo Romo fue expulsado de Brasil y traído a Chile por funcionarios de la Policía de Investigaciones.
La Agrupación de Familiares de Víctimas de la Represión junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y miembros del Comité de Derechos Humanos de Peñalolén, ocupan el ex centro de detención, tortura y exterminio Villa Grimaldi, en protesta por traspaso del caso Chanfreau a la justicia militar y exigiendo que el proceso contra Osvaldo Romo, ex agente de la DINA, sea llevado por los tribunales civiles.
Con votación dividida, Corte Suprema decidió que la investigación sobre la detención y desaparición de Alfonso Chanfreau, pasará a manos de la justicia militar, quienes deberán interrogar a Osvaldo Romo, ex agente de la DINA y principal inculpado en el caso, cuando sea trasladado a Chile desde Brasil. El principal argumento sostenido por los ministros fue que los hechos ocurrieron en tiempos de guerra según lo dispuesto en los decretos ley 3 y 5 de 1973. Tanto la ministra Olivares, como Erika Hennings, ex militante y esposa de Alfonso, demostraron su indignación e impotencia por el fallo.