Informe de Londres 38, espacio de memorias, para la adopción de la lista de cuestiones previas relacionadas con el examen del Estado de Chile en la sesión nº 15 del CED. Contiene comentarios respecto a desaparición forzada durante la dictadura cívico militar: verdad, justicia, memoria y reparación simbólica; Definición de desaparición forzada y tipificación independiente; Medidas adoptadas para investigar y sancionar la desaparición forzada: Tribunal Constitucional, Plan Nacional de búsqueda; Sanción y proporcionalidad de la pena; media prescripción, prescripción, beneficios carcelarios; derecho al acceso a la información: secreto Informe Valech y Ley 18.771; Otros: Prófugos de la justicia, caso puentes de la memoria, destrucción de archivos en democracia.

El Informe da cuenta de la situación de los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, y realiza recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo efectivo el ejercicio de los mismos sin discriminación, en cumplimiento con la Ley Nº 20.405. El informe cuenta con los siguientes capítulos: Desafíos para la profundización democrática, igual y no discriminación, derechos civiles y políticos, territorios y derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas

El Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile tiene por objetivo proteger y promover el ejercicio de los derechos de todos los habitantes del país, a través de la investigación y análisis de temas y situaciones que son preocupación del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En este informe se incluyen temas relacionadas a la discriminación contra la mujer, disidencias y migrantes, así como todo acto que atente contra los derechos humanos.

Este Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile contiene un conjunto de siete capítulos que fueron definidos en un proceso de discusión y consultas del Consejo del INDH, que consideró algunos de los temas no abordados en años anteriores. Es así como el primer capítulo analiza la situación de la violencia hacia las mujeres rurales e indígenas rurales; el segundo capítulo hace un balance, desde la perspectiva de los tratados internacionales de derechos humanos, de la política de regularización migratoria y del proyecto de ley de migración y extranjería; el tercer capítulo se abordan los Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición; el cuarto capitulo revisa la situación de tres sectores de la economía que son preponderantes para el desarrollo económico del país, como lo son la minería, la pesca y acuicultura, y la matriz energética; el quinto capitulo se centra en los derechos de las personas mayores y obligaciones del Estado; el sexto capitulo analiza el tema de las soluciones a las listas de espera en el sistema público de salud; finalmente, el séptimo capitulo trata la innovación tecnológica y protección de datos personales y derechos humanos.

El informe se centra en la violación a los derechos humanos ocurridos en Chile entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, período que pertenece al denominado Estallido Social o Revuelta.

Informe centrado en la situación represiva de que es objeto el pueblo mapuche: exclusión, desaparición forzada, tortura, prisión política y criminalización de sus luchas, de la cual tampoco están exentos otros grupos sociales. El informe fue entregado el 23 junio de 2010 en La Moneda y en la Dirección General de Carabineros.

Este informe da cuenta de los principales hallazgos de la Misión en materia de violaciones a los derechos humanos, a la luz de los estándares internacionales que Chile está obligado a respetar y garantizar. Trae también un conjunto de recomendaciones para la garantía de memoria, verdad y justicia y para la reforma de las instituciones estatales, de forma a garantizar que estos lamentables hechos no se repitan.

El informe aborda el estado de los derechos humanos en Chile vinculado a la función policial y al uso de la fuerza en el contexto de las manifestaciones sociales, personas bajo custodia policial, gestión de fronteras y grupos vulnerables, además de la respuesta estatal ante posibles casos de violaciones de dichos derechos.