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Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Respuesta parcial por parte de Gendarmería a través de la Unidad de Participación y Atención Ciudadana a la solicitud AK006T0008626 interpuesta por Erika Hennings Cepeda en representación de Londres 38, espacio de memorias. La respuesta contempla cuatro nóminas con datos censurados, dado que Gendarmería considera que en la solicitud existe información sensible que debe ser resguardada en función de la Ley N° 19.628 "Sobre Protección de la Vida Privada".

Respuesta parcial y en concordancia a lo determinado por el Consejo para la Transparencia y sentenciado por la Corte Suprema de Gendarmería a la solicitud de Londres 38 para acceder a datos de reos y ex-reos del Penal de Punta Peuco, nómina de los condenados del C. C. P. Punta Peuco al 4 de julio de 2018, con sus correspondientes edades, causas rol N° e interno con beneficios carcelarios.

Respuesta parcial por parte de Gendarmería a través de la Unidad de Participación y Atención Ciudadana a la solicitud AK006T0015934 interpuesta por Gloria Elgueta Pinto. La respuesta contempla cuatro planillas censuradas, dado que Gendarmería considera que en la solicitud existe información sensible que debe ser resguardada en función de la Ley N° 19.628 "Sobre Protección de la Vida Privada".