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El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".

Respuesta recibida por parte del Poder Judicial a partir de una solicitud de información por transparencia realizada por Londres 38, espacio de memorias, sobre estado de las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, indicando nombre de procesados o condenados y penas según corresponda.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.

Querella presentada por las desapariciones de 85 víctimas del recinto Londres 38, en contra del directorio de las Empresas Pesquera Chile Ltda. y Pesquera Arauco S.A, así como también respecto de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que formaron parte de dichos directorios. La querella menciona que la acción penal se dirigirá en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores, de los delitos de secuestro calificado, inhumación ilegal y asociación ilícita de las 85 víctimas que estuvieron recluidas en el centro de detención y torturas de Londres 38. En la querella se menciona el contexto general de desaparición forzada que operó, en un comienzo, desde el cuartel de Londres 38, oportunidad en que los agentes de la DINA trasladaron a las víctimas a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y a Rocas de Santo Domingo, utilizando para dichos traslados las camionetas y camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco, siendo custodiados en todo momento, por agentes de la DINA.

Informe de Londres 38, espacio de memorias, para la adopción de la lista de cuestiones previas relacionadas con el examen del Estado de Chile en la sesión nº 15 del CED. Contiene comentarios respecto a desaparición forzada durante la dictadura cívico militar: verdad, justicia, memoria y reparación simbólica; Definición de desaparición forzada y tipificación independiente; Medidas adoptadas para investigar y sancionar la desaparición forzada: Tribunal Constitucional, Plan Nacional de búsqueda; Sanción y proporcionalidad de la pena; media prescripción, prescripción, beneficios carcelarios; derecho al acceso a la información: secreto Informe Valech y Ley 18.771; Otros: Prófugos de la justicia, caso puentes de la memoria, destrucción de archivos en democracia.

Documento sobre el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de una serie de obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Chile deberá responder ante el examen que rendirá en el periodo 16° de sesiones del CED, a realizarse entre el 8 y 18 de abril de 2019 en Ginebra.

Carta de Londres 38, espacio de memorias, dirigida a Julissa Mantilla Falcón, Tania Reneaum Panszi y Joel Hernández de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de solicitar que, basados en la normas internacionales sobre derechos humanos, se requiera al Estado de Chile y sus diversas autoridades toda la información pertinente sobre la negativa del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, de concurrir a declarar en calidad de imputado ante el Ministerio Público en el marco de la investigación penal contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, originada en la perpetración de numerosos crímenes de Estado por integrantes de Carabineros de Chile en contra de la población civil desde octubre de 2019.

A fines de septiembre de 2005, trabajadores descubrieron en el inmueble de República 475 un conjunto de documentos que forman parte de los Archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo represivo de la dictadura cívico militar que sucedió a la DINA y que funcionó hasta 1990.
El inmueble de República 475 fue ocupado por la DINA en 1974 y luego, tras su disolución, traspasado a la CNI en 1978. La casona funcionó como el cuartel central del organismo represivo, donde estaban las oficinas de su director, así como los departamentos auxiliares bajo su mando, entre ellos los de Finanzas, Comunicaciones y otros.
Los archivos hallados comprenden informes emitidos desde oficinas locales de la CNI hacia el mando, un libro con el registro de los agentes y sus números telefónicos que estaban destinados a ministerios, servicios públicos, alcaldías, organismos regionales, etc; un libro de contabilidad con los pagos a los funcionarios de la CNI; gráficos (organigramas) y oficios, entre otros materiales. El documento corresponde a una porción del archivo consistente a 429 télex.

El documento contiene todas las causas, el tribunal que las tramita, el estado procesal de ellas, la calificación de los delitos imputados y la identificación de las víctimas que son atribuidas al ex agente de la DINA y oficial en retiro de Carabineros.

Documento que busca profundizar en el elemento de "política del Estado" contenido en la conceptualización del delito de lesa humanidad. Concluye con la necesidad de una interpretación, frente a la ausencia de un concepto específico en la normativa nacional del elemento de la política, junto con ello indiaca que al observar cómo los crímenes de lesa humanidad han sido abordados desde la práctica por los tribunales resulta indispensable la búsqueda de aportes para su adecuada conceptualización como formula de lucha contra la impunidad.