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Fotografía de Carmen Gloria Quintana Arancibia, quemada por un grupo de militares comandados por Pedro Fernández Dittborn, junto al fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, el 2 de julio de 1986 en la comuna de Estación Central. En el marco de las protestas sociales contra la dictadura desarrolladas los días anteriores, Quintana y Rojas son detenidos y acusados de participar en disturbios en la vía pública, siendo golpeados por militares y rociados con combustible. El crimen que terminó con la vida del fotógrafo y dejó con graves secuelas a Carmen Gloria, fue públicamente conocido como el "Caso Quemados".
En marzo del año 2019 el ministro Mario Carroza condenó a once miembros en retiro del Ejército por el caso, aplicando condenas de 10 años de presidio.

Este simposio tiene como propósito reflexionar sobre la problemática de los Derechos Humanos, y los roles disciplinares y éticos que tiene la práctica arqueológica en estas materias, toda vez que entendemos que este campo no ha sido considerado en sus alcances reales. Es probable que muchos arqueólogos aún se pregunten qué relación guarda la disciplina con los Derechos Humanos, pero lo cierto es que tanto la protección de sitios y materiales arqueológicos, la excavación y toma de muestras, la producción de publicaciones, los tratamientos de restos humanos, y la relación con comunidades indígenas, entre otros, son temas que están directamente implicados con los Derechos de personas y colectividades que la arqueología ha omitido, ignorado y silenciado. Entre otras presentaciones se incluye la presentación Derechos humanos, memoria y política de Gloria Elgueta Pinto.

Informe que da cuenta de un conjunto de situaciones de violación a los derechos humanos ocurridas en el pasado y que aún están impunes. Además da cuentas de actos de tortura y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el mandato de Michelle Bachelet, y actos de represión contra el pueblo mapuche.

Informe que da cuenta de un conjunto de situaciones de violación a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y que aún están impunes. Así también se documentan casos de tortura del que han sido objeto personas de origen mapuche, o pertenecientes a comunidades y/u organizaciones sociales.

El informe tiene por finalidad aportar al debate nacional sobre la procedencia de medidas de reparación integral en beneficio de las personas que han padecido violaciones a sus derechos fundamentales en el contexto del estallido social. Esta organizado en tres partes, en la primera de ellas se explica, desde un punto de vista conceptual y teórico, en qué consiste el derecho humano a la reparación integral. La segunda parte hará referencia a las pocas medidas de reparación que se han implementado en Chile en beneficio de las víctimas del estallido social. La tercera parte tiene por objeto trazar una hoja de ruta precisando los elementos esenciales que debería tener en consideración una política pública de reparación integral en beneficio de las víctimas antes señaladas.