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Documento sobre el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de una serie de obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Chile deberá responder ante el examen que rendirá en el periodo 16° de sesiones del CED, a realizarse entre el 8 y 18 de abril de 2019 en Ginebra.

El libro hace un análisis de las comisiones de verdad y justicia presentes en Chile, estas son la Rettig y Valech, y sus implicancias para el país, debido a que estas se centraron en desarrollar una agenda de verdad y reconciliación, dejando de lado las sanciones a quienes atentaron contra los derechos humanos.

Oficio N° 92-2017 de Hugo Dolmestch Urra, Presidente de la Corte Suprema a Jacqueline Van Rysselberghe Herrera Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado que se refiere al proyecto que modifica la Ley N° 19.992, que hace mención al secretismo de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Respuesta recibida por parte del Poder Judicial a partir de una solicitud de información por transparencia realizada por Londres 38, espacio de memorias, sobre estado de las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, indicando nombre de procesados o condenados y penas según corresponda.

El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".

Declaración pública emitida por Londres 38 en conjunto con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que exige justicia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad.

Carta a Andrés Dominguez, secretario ejecutivo de la Corporación de Verdad y Reconciliación, de parte de Gabriel Guajardo Soto, socio de ALTER Consultores Ltda. En la misiva, Gabriel ofreciendo el anteproyecto desarrollado por ellos en materia de búsqueda de información sobre el destino final de los desaparecidos en Chile, con el objetivo de aportar nuevos antecedentes sobre los casos.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Tríptico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a 16 años de la publicación de la listas del llamado Caso de los 119. El documento contiene una lista con los nombres de las víctimas, las autoridades y organismos del Estado responsables de la detención y desaparición forzosa, además de una breve historia de los antecedentes del caso.

Documento denominado Caracterización de los derechos humanos, campaña por la verdad, está organizado en 5 partes: Marco político de la "Campaña por la justicia, conozcamos la verdad" - Carácter de las organizaciones de los derechos humanos - Sobre el carácter de la movilización - Detalles de la "Campaña por la justicia, conozcamos la verdad" -Propuesta del plan de trabajo y desarrollo de la campaña.