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Una comitiva de la Federación Internacional de Derechos Humanos visitó Chile para notificar a los ex jefes de la DINA de sus condenas dictadas por la justicia francesa por los crímenes de cuatro ciudadanos franco-chilenos.

Informe de Londres 38, espacio de memorias, para la adopción de la lista de cuestiones previas relacionadas con el examen del Estado de Chile en la sesión nº 15 del CED. Contiene comentarios respecto a desaparición forzada durante la dictadura cívico militar: verdad, justicia, memoria y reparación simbólica; Definición de desaparición forzada y tipificación independiente; Medidas adoptadas para investigar y sancionar la desaparición forzada: Tribunal Constitucional, Plan Nacional de búsqueda; Sanción y proporcionalidad de la pena; media prescripción, prescripción, beneficios carcelarios; derecho al acceso a la información: secreto Informe Valech y Ley 18.771; Otros: Prófugos de la justicia, caso puentes de la memoria, destrucción de archivos en democracia.

Informe con diligencias realizadas ante el hallazgo de documentos en el inmueble ubicado en Avenida Republica Nº475, en donde funcionó cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En septiembre del 2005 funcionarios de la Brigada Especializada de la Policía de Investigaciones de Chile respondieron al llamado de la Directora Ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, la señora Patricia Espejo, quien da aviso de un hallazgo de documentación en el inmueble ocupado en ese entonces por la Fundación Salvador Allende.
Los documentos fueron incautados por la Policía, quienes remitieron la documentación al Ministro Hugo Dolmestch, quien encargó diligencias y peritajes, para finalmente archivar la documentación en los laboratorios de Criminalística Central, sección Sala de Custodia en Evidencias en octubre del 2006. Londres 38, espacio de memorias recibió una copia de digital de este informe en el primer semestre del año 2015.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.