Documento sobre el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de una serie de obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Chile deberá responder ante el examen que rendirá en el periodo 16° de sesiones del CED, a realizarse entre el 8 y 18 de abril de 2019 en Ginebra.

Amicus Curiae sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el Caso Omar Maldonado Vargas y Otros contra el Estado de Chile (Caso Nº 12.500 ante la CIDH).

Carta enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura. El documento es un acuso de recibo de la carta enviada por Pascualina el 24 de diciembre de 1976 a la Comisión presentando el caso de desaparición de su hijo el 16 de agosto de 1974. En esta oportunidad, Charles Moyer, encargado de Secretaria de la Comisión, sostiene que el caso sería incluido en el Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en Chile y que ya se encontraban en conocimiento de este. Durante los diecisiete años de dictadura cívico militar en Chile, fueron miles las organizaciones de familiares, tanto dentro como fuera del país, que dieron a conocer los casos de desaparición forzada y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a organismos internacionales.

Carta de Kwadwo F. Nyamekye, director adjunto del Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, exiliada en Suecia desde 1977. El texto corresponde a un acuso de recibo de los antecedentes proporcionados por Pascualina sobre la detención y desaparición de Juan Miguel el 16 de agosto de 1974 en Santiago, los cuales fueron remitidos al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Chile.

Carta de Roberto Dorado, director del gabinete presidencial español de Felipe González, a Pascualina Morales durante su exilio en Suecia. La misiva es en respuesta a la carta enviada por Pascualina a González tras su triunfo en las elecciones de 1982 y se reafirma en ella, el compromiso del gobierno español por la defensa de los derechos humanos.