Carta de Roberto Dorado, director del gabinete presidencial español de Felipe González, a Pascualina Morales durante su exilio en Suecia. La misiva es en respuesta a la carta enviada por Pascualina a González tras su triunfo en las elecciones de 1982 y se reafirma en ella, el compromiso del gobierno español por la defensa de los derechos humanos.

Carta de Kwadwo F. Nyamekye, director adjunto del Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, exiliada en Suecia desde 1977. El texto corresponde a un acuso de recibo de los antecedentes proporcionados por Pascualina sobre la detención y desaparición de Juan Miguel el 16 de agosto de 1974 en Santiago, los cuales fueron remitidos al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Chile.

Carta enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura. El documento es un acuso de recibo de la carta enviada por Pascualina el 24 de diciembre de 1976 a la Comisión presentando el caso de desaparición de su hijo el 16 de agosto de 1974. En esta oportunidad, Charles Moyer, encargado de Secretaria de la Comisión, sostiene que el caso sería incluido en el Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en Chile y que ya se encontraban en conocimiento de este. Durante los diecisiete años de dictadura cívico militar en Chile, fueron miles las organizaciones de familiares, tanto dentro como fuera del país, que dieron a conocer los casos de desaparición forzada y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a organismos internacionales.

Amicus Curiae sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el Caso Omar Maldonado Vargas y Otros contra el Estado de Chile (Caso Nº 12.500 ante la CIDH).

Documento sobre el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de una serie de obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Chile deberá responder ante el examen que rendirá en el periodo 16° de sesiones del CED, a realizarse entre el 8 y 18 de abril de 2019 en Ginebra.

Informe de Londres 38, espacio de memorias, para la adopción de la lista de cuestiones previas relacionadas con el examen del Estado de Chile en la sesión nº 15 del CED. Contiene comentarios respecto a desaparición forzada durante la dictadura cívico militar: verdad, justicia, memoria y reparación simbólica; Definición de desaparición forzada y tipificación independiente; Medidas adoptadas para investigar y sancionar la desaparición forzada: Tribunal Constitucional, Plan Nacional de búsqueda; Sanción y proporcionalidad de la pena; media prescripción, prescripción, beneficios carcelarios; derecho al acceso a la información: secreto Informe Valech y Ley 18.771; Otros: Prófugos de la justicia, caso puentes de la memoria, destrucción de archivos en democracia.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.

Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la comunicación núm. 2627/2015, violación del derecho a la libertad de expresión por la incautación de obra artística realizada en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe civil militar. En lo esencial del dictamen el Comité considera que la remoción forzada de la obra “Puentes de la Memoria” por parte de Carabineros de Chile constituyó una clara restricción a la libertad de expresión de los autor, en consecuencia el Estado tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo, requiere una reparación íntegra a los individuos cuyos derechos hayan sido violados, las medidas se señalan en el documento.