Fotografía de Erika Hennings, directora de Londres 38, presente en la Corte Suprema durante la tramitación de la querella por la desaparición forzada de Álvaro Vallejos.

El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".

Fotografía de Erika Hennings, Magdalena Navarrete y Gloria Elgueta. miembros de la Mesa de Trabajo de Londres 38, en reunión con el presidente de la Corte Suprema.

Fotografía de Erika Hennings junto a Magdalena Navarrete y Gloria Elgueta en reunión con el presidente de la Corte Suprema.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.

Documento señala que la causa de Ramón Osvaldo Núñez Espinoza de número 12674-3 ingresó el 10 de agosto de 1974 al Noveno Juzgado.