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Fotografía de las integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en huelga de hambre desde el 22 de mayo de 1978, realizada como manifestación ante la nula respuesta de las autoridades dictatoriales por la desaparición de sus familiares.
Entre otras personas, aparecen en la imagen Verónica Martínez y María Cristina Olivares, familiares de Juan Chacón Olivares, detenido desaparecido

Fotografía de la conferencia de prensa realizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en relación a la huelga de hambre iniciada por sus integrantes el 22 de mayo de 1978 en las dependencias de la UNICEF. La huelga de 17 días se realiza como manifestación ante la nula respuesta de las autoridades dictatoriales por la desaparición de sus familiares. En la imagen aparecen de izquierda a derecha María Teresa Barahona, Silvia Castillo, María Cristina González.

Fotografía de la conferencia de prensa realizada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) por la huelga de hambre iniciada el 22 de mayo de 1978 en la sede de la UNICEF y en diversas parroquias de Santiago.
En la imagen aparecen de izquierda a derecha Carola Gajardo (parcialmente), Estela Ortiz, María Teresa Barahona, Silvia Castillo, María Cristina González, Ana María Navarrete, mamá de Muriel Dockendorff, y Ana González, todas familiares de personas detenidas.

Fotografía de Magdalena Navarrete, madre de Sergio Alfonso Reyes Navarrete, militante del MIR, detenido y desaparecido desde su domicilio en octubre de 1974. La imagen corresponde a su participación en la inauguración del memorial en Londres 38.

Nota manuscrita de Zunilda, madre de Antonio Ruiz Uribe, a su hijo detenido. Antonio Ruíz, cabo segundo de la Armada de Chile, fue detenido el 7 de agosto de 1973 en el Puerto de Talcahuano, posteriormente fue condenado a tres años de cárcel por el delito de sedición bajo la causa Nº 3926/73. La tarjeta de información tiene un timbre de la Cruz Roja Chilena.

Fotografía de Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales, junto a Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende . En la imagen Pascualina le hace entrega de un sobre para que sea dado a Melina Mercouri, ministra de cultura de Grecia, con antecedentes sobre la detención y posterior desaparición de su hijo realizada el 16 de agosto de 1974 a la salida de su trabajo en calle Arturo Prat Nº 62 mientras cruzaba la Alameda en pleno centro de Santiago.
Melina Mercouri fue una de las participantes de la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile realizada en noviembre de 1978 en Madrid, España, una de las muchas instancias y muestras de apoyo a la lucha contra la dictadura cívico militar en Chile y contra las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Retrato pintado de Pedro Poblete (izquierda) junto a su madre Javiera Córdova. La pintura habría sido realizada durante la década de 1980, tras el fallecimiento del padre de Pedro, Fidel Poblete, en su accidente laboral. Según la entrevista realizada a Silvia Poblete, hermana de Pedro, su madre habría encargado la realización de la pintura a partir de una fotografía de su hijo detenido y desaparecido desde el 19 de julio de 1974 por agentes de la DINA, dada la angustia y la tristeza que significaba su ausencia.

Placa de reconocimiento entregado a Elena Gómez, madre de Rodolfo Espejo en calidad de Tesoro Humano, categoría que da cuenta de la importancia sus experiencias y memorias en el fortalecimiento de la identidad local y territorial.
El reconocimiento fue otorgado por la Municipalidad de Maipú, comuna donde reside la familia de Rodolfo Espejo, en enero del año 2015 en el marco del lanzamiento del documental "Rescate Tesoros Vivos", el cual busca relevar la tradición oral y las narrativas populares como elementos transmisores de la identidad comunal.

Carta enviada por Felipe González Márquez, presidente español durante el periodo 1982-1996, a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura durante su exilio en Suecia. Pascualina entabló relaciones y contacto con políticos y diplomáticos europeos para dar a conocer la detención y desaparición de su hijo el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA mientras salía de su trabajo en Santiago Centro. En la carta, González le agradece las felicitaciones enviadas en la misiva anterior tras su triunfo electoral en la campaña presidencial de 1982, sosteniendo que se encuentra convencido de que "el pueblo chileno encontrará muy pronto el camino a la democracia" y que espera un pronto reencuentro con su hijo Juan Miguel.

Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El documento enviado en diciembre de 1987 a Malmö, Suecia, ciudad de exilio de la familia Morales desde 1977, es un llamado a denunciar a la comunidad internacional la desaparición de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos en septiembre de 1987, bajo la consigna ""Salvar sus vidas y encontrarlos."
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comienza sus labores formales bajo el alero del Comité Pro Paz en 1974, reuniendo a los/as familiares de las víctimas de desaparición forzada embestida por la dictadura cívico militar chilena. Durante los diecisiete años de terrorismo estatal y aún en la actualidad, han llevado adelante un ardua lucha por verdad y justicia frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, contando además con el apoyo internacional tras la realización de numerosas de denuncias y campañas de información realizadas en todo el mundo.
En esta oportunidad a raíz de la desaparición de los cinco jóvenes frentistas, la Agrupación busca visibilizar la continuidad de la desaparición forzada como práctica a finales de la dictadura y la necesidad de frenar este tipo de delitos, los cuales ""no solo involucra a la víctima y a su familia, sino al conjunto de la sociedad chilena.""
El 22 de marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a 33 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército por secuestro calificado de los cinco jóvenes, cuyos cuerpos fueron finalmente arrojados al mar en las costas de la región de Valparaíso. Las condenas fluctúan entre los tres y diez años de presidio en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, centro penitenciario donde se encuentran confinados con múltiples beneficios, algunos de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Chile. "