Certificado emitido por el Instituto de Estudios Nucleares de España, que acredita la participación de Italo Seccatore en el curso "de Ingeniería Nuclear entre octubre 1975 y julio de 1976. El documento es presentado por Seccatore para negar su participación en la DINA tras informes enviados por la Policía de Investigaciones a los tribunales de justicia.
Certificado de bautizo de Carlos Salcedo Morales, hijo de Mario Salcedo y Sylvia Morales, con fecha 3 de enero de 1953. Acto celebrado en la parroquia La Estampa, Santiago.
Artículo en el cual se establecen algunos paralelos de la experiencia de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina y Londres 38 en Chile como sitios de memoria: La ESMA y Londres 38 son símbolos de esa voluntad de construir la memoria de manera solidaria. Sólo las palabras de sus visitantes y de los pocos supervivientes pueden llenar hoy la desnudez en el interior de los edificios, donde no quedan ya más que las paredes y el suelo luego de que los militares desmantelaran las instalaciones.
Nota sobre el comienzo de los alegatos desarrollados en la Tercera Sala de la Corte Suprema para definir si la investigación judicial del caso de secuestro de Alfonso Chanfreau, militante del MIR detenido el 30 de julio de 1974, será llevado por la Ministra en visita Gloria Olivares o pasará a manos de la Justicia Militar.
Carta emitida por el Grupo de Trabajo Jurídico compuesto por Erika Hennings Cepeda, Raúl Flores y Elias Padilla, que informa los avances judiciales ante la presentación de una Querella Criminal por los desaparecidos y ejecutados políticos.
Carta en la que se expone el significado de 7 meses de aislamiento en el contexto del Covid y se solicita la restauración del régimen de visitas a las personas privadas de libertad. Se exige la eliminación de medidas restrictivas y el establecimiento de protocolos para asegurar el derecho de visitas para familiares y amigos.
Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos (OFAPP)
Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales. Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación. En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero." Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.
