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Carta de Carlos Ominami Pascual, Senador y Ministro de Economía durante el gobierno de Patricio Aylwin; a Erika Hennings Cepeda, ex militante del MIR, sobreviviente, testigo y esposa de Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido. En la misiva señala haber recibido los cartas de Italo Seccatore, ex agente de la CNI.

Carta de Italo Seccatore, ex agente de la CNI, a Carlos Ominami Pascual, Senador y Ministro de Economía durante el gobierno de Patricio Aylwin. En la misiva niega haber sido parte de los organismos represivos de la dictadura, tras la publicación realizada por el diario La Nación el 18 de junio de 1999 en la que se hizo pública una nómina de agentes de la DINA y CNI. Seccatore argumenta que durante los años 1974 y 1977 se encontraba en España realizando un diplomado sobre energía nuclear.

Carta de Italo Seccatore, ex miembro de la CNI a Nelson Mery, director general de la Policía de Investigaciones (PDI). En la misiva, Seccatore argumenta no haber sido parte de la DINA ni conocer el centro clandestino de detención Londres 38, tras los informes judiciales entregados por la PDI a los tribunales de justicia en la que se señala a Seccatore como miembro de dicha institución.

El abogado Manuel Murillo le responde a Magdalena Navarrete a propósito de documentación enviada para el proceso judicial español contra Augusto Pinochet

Carta del Abogado Español Manuel Murillo Carrasco quién acusa recibo del Poder para pleitos enviado por Magdalena Navarrete

Carta de Manuel Murillo a Magdalena solicitándole más información para el proceso judicial español

Carta enviada por Felipe González Márquez, presidente de España entre 1982 y 1996, a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA.
La misiva es enviada a la ciudad de Malmö, Suecia, donde vivía su exilio la familia Mura Morales desde 1975 fecha en la que sale del país Teresa, hermana de Juan Miguel .
En el documento el presidente González saluda a su amiga Pascualina enviándole una fotografía de su última campaña electoral.

Fotografía de Felipe González Márquez, presidente de España entre 1982-1996, enviada a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, durante su exilio en Suecia. Pascualina se habría contactado con el presidente español y secretario general del Partido Socialista Obrero Español para dar a conocer la desaparición de su hijo el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA en Santiago Centro.
La imagen corresponde a una fotografía de campaña presidencial de 1996 donde González pierde las elecciones contra José María Aznar.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.