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Declaración pública emitida por Londres 38 en conjunto con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que exige justicia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad.

Fotografía de Manuel Vergara, padre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados por Carabineros el 29 de marzo de 1985 en Villa Francia.

Fotografía de Eduardo Vergara, padre de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados por efectivos de Carabineros el 29 de marzo de 1985 en la población Villa Francia, comuna de Estación Central.
El año 2008 los agentes que mataron a los hermanos Vergara fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de presidio. Sin embargo dos años después las penas fueron rebajadas y finalmente el año 2017 la Corte Suprema otorgó libertad condicional a Francisco Toledo Fuentes, uno de los responsables del homicidio.

Distintos recortes de prensa referidos a la reunión de la AFDD con el Ministro Luis Maldonado, quién era Presidente de la Corte Suprema en la época. Los recortes corresponden a los medios "La Tercera", "El Fortín", "El Mercurio" y "La Época".

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Carta enviada a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA, por Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior del gobierno concertacionista de Patricio Aylwin entre 1990 y 1994. El documento es una respuesta a la carta enviada por Pascualina al presidente Aylwin sobre el caso de desaparición de su hijo enviada el 4 de mayo de 1991, en la que se reitera el compromiso del gobierno con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el envío al Congreso de un proyecto de ley que contempla la creación de una Corporación de Derecho Público que se dedique a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".