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Carta manuscrita de Miguel Enríquez dirigida su padre Edgardo Enríquez Frödden, donde expresa felicitaciones por el discurso pronunciado ese día en calidad de Rector de la Universidad de Concepción, cargo ejercido entre los años 1969 y 1972. Entre otras frases se destaca “al rector lo que es del rector, al MIR lo que es del MIR”.

Carta de María Ruiz Tagle, esposa del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva, a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales en marzo de 1982. La misiva es enviada en respuesta a la carta enviada por Pascualina en enero del mismo año, a raíz de la muerte de Eduardo Frei, asesinado por agentes de la dictadura chilena. En el texto, María Ruiz Tagle agradece las condolencias, empatizando con el dolor de Pascualina por la desaparición de su hijo y sosteniendo que "Ud. ha distraído su propia pena para acordarse de la mía." Además, destaca la gran pérdida que significa la muerte del ex presidente sobre todo para quienes "veían en él una esperanza para Chile."

Carta del Abogado Español Manuel Murillo Carrasco quién acusa recibo del Poder para pleitos enviado por Magdalena Navarrete

Carta de Manuel Murillo a Magdalena solicitándole más información para el proceso judicial español

El abogado Manuel Murillo le responde a Magdalena Navarrete a propósito de documentación enviada para el proceso judicial español contra Augusto Pinochet

Magdalena solicita información sobre Sergio mediante una carta al Coronel Jorge Espinoza Ulloa

Carta contextualizando el tiempo desde que han estado detenido y agradeciendo a sus familias por seguir manifestándose. Se exige las autoridades que se vuelvan a autorizar las visitas y abran las cárceles para reencontrarse con sus vínculos cercanos.

Carta escrita por los padres de Benjamín Salazar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando una reunión formal urgente para poder exponer de manera detallada la situación de su hijo.

Carta enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura. El documento es un acuso de recibo de la carta enviada por Pascualina el 24 de diciembre de 1976 a la Comisión presentando el caso de desaparición de su hijo el 16 de agosto de 1974. En esta oportunidad, Charles Moyer, encargado de Secretaria de la Comisión, sostiene que el caso sería incluido en el Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en Chile y que ya se encontraban en conocimiento de este. Durante los diecisiete años de dictadura cívico militar en Chile, fueron miles las organizaciones de familiares, tanto dentro como fuera del país, que dieron a conocer los casos de desaparición forzada y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a organismos internacionales.

Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El documento enviado en diciembre de 1987 a Malmö, Suecia, ciudad de exilio de la familia Morales desde 1977, es un llamado a denunciar a la comunidad internacional la desaparición de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos en septiembre de 1987, bajo la consigna ""Salvar sus vidas y encontrarlos."
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comienza sus labores formales bajo el alero del Comité Pro Paz en 1974, reuniendo a los/as familiares de las víctimas de desaparición forzada embestida por la dictadura cívico militar chilena. Durante los diecisiete años de terrorismo estatal y aún en la actualidad, han llevado adelante un ardua lucha por verdad y justicia frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, contando además con el apoyo internacional tras la realización de numerosas de denuncias y campañas de información realizadas en todo el mundo.
En esta oportunidad a raíz de la desaparición de los cinco jóvenes frentistas, la Agrupación busca visibilizar la continuidad de la desaparición forzada como práctica a finales de la dictadura y la necesidad de frenar este tipo de delitos, los cuales ""no solo involucra a la víctima y a su familia, sino al conjunto de la sociedad chilena.""
El 22 de marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a 33 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército por secuestro calificado de los cinco jóvenes, cuyos cuerpos fueron finalmente arrojados al mar en las costas de la región de Valparaíso. Las condenas fluctúan entre los tres y diez años de presidio en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, centro penitenciario donde se encuentran confinados con múltiples beneficios, algunos de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Chile. "