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Carta a Erika Hennings de Francisco Rivera, coordinador estudiantil de Unrow Human Rights Clinic, clínica legal que interpuso una demanda contra Augusto ante la Corte Federal de Washington D.C el 13 de noviembre de 2002. La misiva es para informarle a Erika los avances de dicha tramitación.

Sexta carta de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos Guacoldas, dirigida a los integrantes de la Mesa Social Covid-19, manifestando su profunda preocupación respecto al contagio inminente de los prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta por Covid-19.

Carta de Manolo a Erika Hennings enviada desde Paris, Francia sobre un reportaje emitido por televisión.

Carta emitida por el Grupo de Trabajo Jurídico compuesto por Erika Hennings Cepeda, Raúl Flores y Elias Padilla, que informa los avances judiciales ante la presentación de una Querella Criminal por los desaparecidos y ejecutados políticos.

Carta de Pierre Schori, diplomático y ex Viceministro de Relaciones Exteriores de Suecia a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, exiliada en Suecia desde 1977. La misiva corresponde a la respuesta de la carta enviada por Pascualina con anterioridad con el objetivo de dar a conocer el caso de desaparición forzada de su hijo e 16 de agosto de 1974 y gestionar el envío de ciertos documentos a la Vicaría de la Solidaridad en Chile a través de la valija diplomática, es decir, a la correspondencia que se realiza de manera regular entre los gobiernos y sus agentes diplomáticos en el exterior.

Carta a Andrés Dominguez, secretario ejecutivo de la Corporación de Verdad y Reconciliación, de parte de Gabriel Guajardo Soto, socio de ALTER Consultores Ltda. En la misiva, Gabriel ofreciendo el anteproyecto desarrollado por ellos en materia de búsqueda de información sobre el destino final de los desaparecidos en Chile, con el objetivo de aportar nuevos antecedentes sobre los casos.

Quinta carta de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos Guacoldas, dirigida a los integrantes de la Mesa Social Covid-19, manifestando su profunda preocupación respecto al contagio inminente de los prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta por Covid-19.

Carta enviada por Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA, a Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende. En la misiva, Pascualina, exiliada en Suecia desde 1977, le agradece su colaboración y apoyo con los/as familiares de detenidos/as desaparecidos/as. Hortensia Bussi tras exiliarse en México recorre diversos países denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar.
Por otro lado, Pascualina reconoce el cansancio que siente tras once años de lucha emprendida tras la detención de Juan Miguel, expresando el sentir de miles de madres en las siguientes palabras:
"(...) No quiero morir sin saber que fue de mi hijo, que fue de él, donde lo tienen, si está (vivo o muerto), tantas madres, esposas e hijas que esperamos respuestas y que nunca llegan. Yo y otras madres estamos luchando por una respuesta que el Dictador se niega a responder. Pero seguiremos luchando hasta encontrarlos, ya que a un hijo no se puede olvidar."

Cuarta carta de la Agrupación de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos Guacoldas, dirigida a los integrantes de la Mesa Social Covid-19, manifestando su profunda preocupación respecto al contagio inminente de los prisioneros(a) políticos(a) de la Revuelta por Covid-19.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.