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Declaración judicial de Héctor Hernán González Osorio, militante del MIR, quien junto a Cristián Mallol Comandari, José Hernán Carrasco Vásquez y Juan Carlos Menanteau Aceituno, fueron parte del montaje comunicacional realizado por la DINA en febrero de 1975. Relata la detención en diciembre de 1974 y su permanencia en Villa Grimaldi, detallando el funcionamiento de este centro clandestino de detención y torturas y señalando a Pedro Espinoza como jefe del recinto, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Ricardo Lawrence, Fernando Lauriani, Osvaldo Romo, Gerardo Godoy y Francisco Ferrer Lima como miembros de la DINA.

Declaración judicial de Héctor Hernán González Osorio, militante del MIR, miembro del Comité Central, de nombre político "Pablo" y jefe del Grupo Político Militar (GPM) 1 hasta antes del golpe de Estado. Desde 1974 asume como Secretario Regional de Santiago a cargo de los GPM 1, 12 y 15 correspondientes a las comunas de San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo, Buin y Paine. Es detenido el 6 de diciembre de 1974 junto a su pareja permaneciendo en Villa Grimaldi durante 6 meses.
En su relato detalla el funcionamiento del centro de detención y las torturas a las que fue sometido, identificando a los agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito y Basclay Zapata y a María Teresa Bustillos Cereceda, Washington Urrutia, María Isabel Ortega, Luis Jaime Palominos, Marta Neira Muñoz, Cesar Negrete Peña y José Antonio Herrera Cofre como algunos de los detenidos.

Declaración extra judicial de Emilio Ernesto Iribarren Ledermann, militante del MIR detenido el 4 de enero de 1975 por agentes de la DINA, entre ellos Ricardo Lawrence, siendo llevado a Villa Grimaldi donde reconoce la participación de Miguel Krassnoff en los interrogatorios y torturas a las que fue sometido.
Durante su detención nombra a Claudio Thauby, María Isabel Joui, María Teresa Eltit, Jorge Fuentes, Allan Bruce, Claudio Silva Peralta, Guillermo Boissier, Victor Diaz, Ricardo Lagos, Michelle Peña, Carlos Lorca, Exequiel Ponce, como algunas de las personas que vio durante su reclusión.

Relato de la diligencia realizada el 14 de noviembre de 2005 en el marco de un especial periodístico sobre la Operación Colombo. Incluye además una reseña del careo entre Pinochet y el general (R) Manuel Contreras, que se verificó el 18 de noviembre de ese año.

Respuesta recibida por parte del Poder Judicial a partir de una solicitud de información por transparencia realizada por Londres 38, espacio de memorias, sobre estado de las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, indicando nombre de procesados o condenados y penas según corresponda.

Querella presentada por las desapariciones de 85 víctimas del recinto Londres 38, en contra del directorio de las Empresas Pesquera Chile Ltda. y Pesquera Arauco S.A, así como también respecto de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que formaron parte de dichos directorios. La querella menciona que la acción penal se dirigirá en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores, de los delitos de secuestro calificado, inhumación ilegal y asociación ilícita de las 85 víctimas que estuvieron recluidas en el centro de detención y torturas de Londres 38. En la querella se menciona el contexto general de desaparición forzada que operó, en un comienzo, desde el cuartel de Londres 38, oportunidad en que los agentes de la DINA trasladaron a las víctimas a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y a Rocas de Santo Domingo, utilizando para dichos traslados las camionetas y camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco, siendo custodiados en todo momento, por agentes de la DINA.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.

El documento contiene todas las causas, el tribunal que las tramita, el estado procesal de ellas, la calificación de los delitos imputados y la identificación de las víctimas que son atribuidas al ex agente de la DINA y oficial en retiro de Carabineros.

El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".