Nota de prensa sobre la asistencia a los tribunales de justicia por parte de María Alicia Uribe Gómez, conocida como "Carola", quien fue citada por la Jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Dobra Lusic, para ser interrogada acerca de la suerte de detenidos desaparecidos. María Alicia Uribe a la fecha de de la diligencia era empleada de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Documento oficial firmado ante el Cónsul General de España en el que Magdalena Navarrete confiere su representación a los Procurados de los Tribunales de Madrid Juan Miguel Sánchez Masa y Antonio Rafael Rodríguez Muñoz en la causa en contra de Augusto Pinochet Ugarte, José Toribio Merino Castro, Gustavo Leigh Guzmán, César Mendoza Duran, Fernando Matthei Aubel, Rodolfo Stange Oelckers y otros, por los presuntos delitos de detención ilegal, secuestro, torturas, asesinato, terrorismo y genocidio.

Fotografía de Erika Hennings junto a Magdalena Navarrete y Gloria Elgueta en reunión con el presidente de la Corte Suprema.

Fotografía de Erika Hennings, Magdalena Navarrete y Gloria Elgueta. miembros de la Mesa de Trabajo de Londres 38, en reunión con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo.

Fotografía de manifestación realizada en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Londres, en la que se exige la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en la ciudad británica en octubre de 1998 tras las gestiones del abogado español Baltazar Garzón.

Fotografía de manifestación realizada en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Londres, en la que se exige la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en la ciudad británica en octubre de 1998 tras las gestiones del abogado español Baltazar Garzón. En la imagen se observa una intervención con nombres y rostros de personas detenidas desaparecidas por la dictadura de Pinochet.

Lista de procesos judiciales asociados a detenidos desaparecidos y ejecutados de Londres 38.

Documento que aborda la libertad condicional otorgada a condenados por violaciones a los derechos humanos, centrándose en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la finalidad de la sanción, especialmente en los casos en que se cuestiona la legitimidad de una pena impuesta a ancianos o enfermos. También, considerando las obligaciones internacionales a las que el Estado de Chile debe responder, como la obligación de perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, es importante enfrentar el tema de la proporcionalidad de la pena y de su cumplimiento efectivo. Por último, en el documento se abordan los estándares establecidos por el derecho internacional para la concesión de medidas destinadas a reducir la condena impuesta a los violadores de derechos humanos.