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Solicitud de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos al presidente del Instituto O'Higginiano, Humberto Aguirre Doolan, exigiendo el traslado del instituto a otro inmueble, denunciando su utilización previa como centro de detención, tortura y desaparición de la DINA. La carta sostiene, entre otras razones, que el instituto debe trasladarse, para que no se "mancille" el nombre de Bernardo O'Higgins.

Magdalena solicita información sobre Sergio mediante una carta al Coronel Jorge Espinoza Ulloa

Carta manuscrita de Miguel Enríquez dirigida su padre Edgardo Enríquez Frödden, donde expresa felicitaciones por el discurso pronunciado ese día en calidad de Rector de la Universidad de Concepción, cargo ejercido entre los años 1969 y 1972. Entre otras frases se destaca “al rector lo que es del rector, al MIR lo que es del MIR”.

Carta de la Organización de patriotras encarcelados de la Carcel de San Miguel a la AFDD, en conmemoración dela publicación de la lista de los 119, dando una reflexión para la organización y la resistencia

Carta de solicitud de información sobre el paradero de Carlos Salcedo, emitida por su esposa María Soledad Henríquez y enviada al Ministro del Interior el 22 de julio de 1975. En ella se describe la difícil y dolorosa situación familiar tras la detención de Carlos el 11 de agosto de 1974, solicitándose la normalización del caso de su marido en conformidad a las disposiciones entregadas en el decreto ley Nº 1009, el cual faculta a los organismos de inteligencia a "detener preventivamente a las personas a quienes presuma como culpables de poner en peligro la seguridad del Estado" en un plazo máximo de 5 días, tras el cual el detenido sería dejado en libertad o puesto a disposición del Tribunal que corresponda.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Declaración enviada por el General del Ejército y ex Director de la CNI, Orlandier Mena Salinas a la Ministra Gloria Olivares, aclarando la participación de Ítalo Seccatore como Director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) tras ser señalado como miembro de la DINA. Añade además que Seccatore prestó servicios a la CNI en 1978 bajo sus órdenes, como encargado de sistemas computacionales.

Respuesta parcial y en concordancia a lo determinado por el Consejo para la Transparencia y sentenciado por la Corte Suprema de Gendarmería a la solicitud de Londres 38 para acceder a datos de reos y ex-reos del Penal de Punta Peuco, nómina de los condenados del C. C. P. Punta Peuco al 4 de julio de 2018, con sus correspondientes edades, causas rol N° e interno con beneficios carcelarios.

Nota manuscrita encontrada al interior del pasaporte de Luis Pincheira Llanos, se presume que es fue escrita por él. Se desconoce la fecha.

Resolución Exenta Nº 0317, emitida el 28 de marzo de 1974 por el Departamento de Asistencia Social del Ministerio del Interior, que autoriza a María Soledad Henríquez, oficial administrativo Nº 26, para hacer uso de su feriado legal de 15 días hábiles correspondientes al año 1973, entre los días 15 de abril y 2 de mayo de 1974.