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Registro audiovisual de Freedom Astorga, joven de 20 años, preso político de Antofagasta, leyendo su carta de 23 días de huelga de hambre y explicando su situación carcelaria. Registro audiovisual subtitulado en alemán.

Carta de Italo Seccatore, ex agente de la CNI, a Carlos Ominami Pascual, Senador y Ministro de Economía durante el gobierno de Patricio Aylwin. En la misiva niega haber sido parte de los organismos represivos de la dictadura, tras la publicación realizada por el diario La Nación el 18 de junio de 1999 en la que se hizo pública una nómina de agentes de la DINA y CNI. Seccatore argumenta que durante los años 1974 y 1977 se encontraba en España realizando un diplomado sobre energía nuclear.

Carta de Italo Seccatore, ex miembro de la CNI a Nelson Mery, director general de la Policía de Investigaciones (PDI). En la misiva, Seccatore argumenta no haber sido parte de la DINA ni conocer el centro clandestino de detención Londres 38, tras los informes judiciales entregados por la PDI a los tribunales de justicia en la que se señala a Seccatore como miembro de dicha institución.

Carta escrita a mano por Juan Bautista Barrios a su esposa Paulina Martínez.

Carta enviada por Juan Chacón desde Santiago a su hermana, Abigail, quien se encontraba estudiando en Cuba.

Carta desde prisión de Kevin Godoy Peralta comentando sus vivencias tras su detención y actual prisión preventiva.

Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a la Iglesia Católica en el marco del Caso de los 119. En el documento, los y las familiares de las víctimas solicitan el apoyo de la comunidad cristiana para esclarecer la verdad sobre el paradero de los suyos.

Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) a agentes represores del Comando Conjunto, en el contexto de su procesamiento penal por los delitos cometidos en la dictadura

Solicitud de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos al presidente del Instituto O'Higginiano, Humberto Aguirre Doolan, exigiendo el traslado del instituto a otro inmueble, denunciando su utilización previa como centro de detención, tortura y desaparición de la DINA. La carta sostiene, entre otras razones, que el instituto debe trasladarse, para que no se "mancille" el nombre de Bernardo O'Higgins.

Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El documento enviado en diciembre de 1987 a Malmö, Suecia, ciudad de exilio de la familia Morales desde 1977, es un llamado a denunciar a la comunidad internacional la desaparición de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos en septiembre de 1987, bajo la consigna ""Salvar sus vidas y encontrarlos."
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, comienza sus labores formales bajo el alero del Comité Pro Paz en 1974, reuniendo a los/as familiares de las víctimas de desaparición forzada embestida por la dictadura cívico militar chilena. Durante los diecisiete años de terrorismo estatal y aún en la actualidad, han llevado adelante un ardua lucha por verdad y justicia frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, contando además con el apoyo internacional tras la realización de numerosas de denuncias y campañas de información realizadas en todo el mundo.
En esta oportunidad a raíz de la desaparición de los cinco jóvenes frentistas, la Agrupación busca visibilizar la continuidad de la desaparición forzada como práctica a finales de la dictadura y la necesidad de frenar este tipo de delitos, los cuales ""no solo involucra a la víctima y a su familia, sino al conjunto de la sociedad chilena.""
El 22 de marzo de 2017, la Corte Suprema condenó a 33 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército por secuestro calificado de los cinco jóvenes, cuyos cuerpos fueron finalmente arrojados al mar en las costas de la región de Valparaíso. Las condenas fluctúan entre los tres y diez años de presidio en el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, centro penitenciario donde se encuentran confinados con múltiples beneficios, algunos de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Chile. "