Carta de Manuel Murillo Carrasco a Magdalena
- CL AL38 CMNF-S03-SS01-SS01-003
- UDS
- 1996-12-4
El abogado Manuel Murillo le responde a Magdalena Navarrete a propósito de documentación enviada para el proceso judicial español contra Augusto Pinochet
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Carta de Manuel Murillo Carrasco a Magdalena
El abogado Manuel Murillo le responde a Magdalena Navarrete a propósito de documentación enviada para el proceso judicial español contra Augusto Pinochet
Carta de Manuel Murillo Carrasco a Magdalena. Acuso recibo poder para pleitos
Carta de Manuel Murillo a Magdalena solicitándole más información para el proceso judicial español
Parte deColección Érika Hennings Cepeda
Carta a Andrés Dominguez, secretario ejecutivo de la Corporación de Verdad y Reconciliación, de parte de Gabriel Guajardo Soto, socio de ALTER Consultores Ltda. En la misiva, Gabriel ofreciendo el anteproyecto desarrollado por ellos en materia de búsqueda de información sobre el destino final de los desaparecidos en Chile, con el objetivo de aportar nuevos antecedentes sobre los casos.
Érika Hennings Cepeda
Carta del Subsecretario de Justicia a Pascualina Morales por el caso de Juan Miguel Mura
Parte deFondo Víctimas y Protagonistas
Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ordenan traspaso a Justicia Militar de Procesos de Dos Desaparecidos
Fallo unánime de la Corte Suprema, la cuarta Sala de la Corte Suprema resolvió que el Segundo Juzgado Militar de Santiago es competente para el proceso por el secuentro y desaparición de los hermanos Jroge Elías y Juan Carlos Andrónicos Antequera
El Mercurio
Parte deColección Érika Hennings Cepeda
Con un acto en el Parque O´Higgins culmina primera etapa de la campaña para exigir la derogación del Decreto Ley de Amnistía.
La Nación
Manifestantes marcharon contra la ley de amnistía
Parte deColección Érika Hennings Cepeda
Agrupaciones de familiares marcharon para pedir la anualidad de la ley de amnistía a un año de la publicación del Informe Rettig.
La Nación
Parte deColección Érika Hennings Cepeda
Nota sobre el primer aniversario de la publicación del Informe Rettig y los pocos avances en materia de justicia. El Informe Rettig fue el resultado de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación constituida en 1990 bajo el gobierno de Patricio Aylwin con el objetivo de esclarecer los hechos de violación a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
La Nación
A 16 años de la publicación de las listas de los 119
Parte deFondo Víctimas y Protagonistas
Tríptico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a 16 años de la publicación de la listas del llamado Caso de los 119. El documento contiene una lista con los nombres de las víctimas, las autoridades y organismos del Estado responsables de la detención y desaparición forzosa, además de una breve historia de los antecedentes del caso.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
Carta del Ministerio del Interior a Pascualina Morales
Parte deFondo Víctimas y Protagonistas
Carta enviada a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA, por Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior del gobierno concertacionista de Patricio Aylwin entre 1990 y 1994. El documento es una respuesta a la carta enviada por Pascualina al presidente Aylwin sobre el caso de desaparición de su hijo enviada el 4 de mayo de 1991, en la que se reitera el compromiso del gobierno con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el envío al Congreso de un proyecto de ley que contempla la creación de una Corporación de Derecho Público que se dedique a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
Ministerio del Interior