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Carta de solicitud de información sobre el paradero de Carlos Salcedo, emitida por su esposa María Soledad Henríquez y enviada al Ministro del Interior el 22 de julio de 1975. En ella se describe la difícil y dolorosa situación familiar tras la detención de Carlos el 11 de agosto de 1974, solicitándose la normalización del caso de su marido en conformidad a las disposiciones entregadas en el decreto ley Nº 1009, el cual faculta a los organismos de inteligencia a "detener preventivamente a las personas a quienes presuma como culpables de poner en peligro la seguridad del Estado" en un plazo máximo de 5 días, tras el cual el detenido sería dejado en libertad o puesto a disposición del Tribunal que corresponda.

Oficio de la Secretaría General de Gobierno sobre la detención y desaparición de Carlos Salcedo. En el documento, su esposa María Soledad Henríquez en compañía de su abogado Sergio Concha, solicitan la aclaración de la situación de Carlos Salcedo tras la publicación por parte del gobierno dictatorial de una lista con más de 1200 nombres de detenidos desaparecidos cuyos casos se encontrarían supuestamente solucionados y entre los que figura el nombre de Carlos. María Soledad solicita al Registro Civil, la Cruz Roja y la Central Nacional de Informaciones (CNI) hacer llegar a la Secretaría General de Gobierno los documentos pertinentes para aclarar la identidad de la persona que figura en la lista. En caso de no ser la misma, se exige la aclaración del lugar de detención de Salcedo de quien no se tiene información desde el día de su detención el 16 de agosto de 1974.

Tríptico del quinto congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos realizada en Buenos Aires. El documento contempla en su anverso: convocatoria, programa, instalación del congreso y temario. En su reverso: metodología, horario, participantes, visas, recepción de los participantes, inscripciones, hospedaje, costos, pasajes y detalla a la organización.

Documento denominado Caracterización de los derechos humanos, campaña por la verdad, está organizado en 5 partes: Marco político de la "Campaña por la justicia, conozcamos la verdad" - Carácter de las organizaciones de los derechos humanos - Sobre el carácter de la movilización - Detalles de la "Campaña por la justicia, conozcamos la verdad" -Propuesta del plan de trabajo y desarrollo de la campaña.

Tríptico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a 16 años de la publicación de la listas del llamado Caso de los 119. El documento contiene una lista con los nombres de las víctimas, las autoridades y organismos del Estado responsables de la detención y desaparición forzosa, además de una breve historia de los antecedentes del caso.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Carta a Andrés Dominguez, secretario ejecutivo de la Corporación de Verdad y Reconciliación, de parte de Gabriel Guajardo Soto, socio de ALTER Consultores Ltda. En la misiva, Gabriel ofreciendo el anteproyecto desarrollado por ellos en materia de búsqueda de información sobre el destino final de los desaparecidos en Chile, con el objetivo de aportar nuevos antecedentes sobre los casos.

Declaración pública emitida por Londres 38 en conjunto con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que exige justicia frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas en Colonia Dignidad.

El escrito presentado al tribunal sostiene que la inhumación ilegal de los cuerpos es un delito de lesa humanidad, toda vez que es la continuidad de los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra las víctimas a partir del momento mismo de su detención. Las 85 personas por las que se inicia esta acción legal estuvieron secuestradas y torturadas en el cuartel de la DINA de Londres 38, al que también los agentes llamaban en clave como "Yucatán".

Respuesta recibida por parte del Poder Judicial a partir de una solicitud de información por transparencia realizada por Londres 38, espacio de memorias, sobre estado de las causas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, indicando nombre de procesados o condenados y penas según corresponda.