Declaración escrita a mano de María Soledad Henríquez, esposa de Carlos Salcedo, donde describe el momento de la detención de Carlos el 16 de agosto de 1974 en la vía pública y denuncia la práctica sistemática de la desaparición forzada desde el mismo día del golpe de Estado. Declara haber recibido llamadas anónimas, tanto ella como los padres de Carlos, sobre los lugares de detención donde habría pasado su esposo: en agosto de 1974 habría estado en 4 Álamos; en octubre del mismo año en la Academia de Guerra Aérea y en diciembre en un recinto de reclusión en la provincia de Ñuble y la nula respuesta de las autoridades tras la realización de gestiones y averiguaciones para conocer el paradero de su esposo.

Declaración Jurada de Luz Arce, ex militante del Partido Socialista (PS) y posterior agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sobre la detención de Juan Miguel Mura el 16 de agosto de 1974 . En el documento, comenta que recibió la visita de Oscar Mura, hermano de Juan Miguel, llevándole una fotografía de él a quien Arce reconoció como militante socialista de nombre político Walther. Sostiene que estando ella detenida en Londres 38 lo vio una vez y que participó en su detención.

Documento de síntesis de los datos más elementales de la detención de Juan Miguel Mura y las gestiones judiciales emprendidas tras su desaparición. Se detalla que Juan Miguel fue detenido el día viernes 16 de agosto de 1974 a las 17:30 horas mientras salía de su trabajo como vendedor en la ferretería "Escobar Hnos." ubicada en calle Arturo Prat Nº 62 e interceptado por agentes de la DINA al cruzar por calle Alameda en compañía de su compañero de trabajo Humberto Morales. Tras su detención, se presenta el 19 de agosto el primer Recurso de Amparo sin obtener respuestas por el 4to Juzgado del Crimen, ante lo cual el Comité Pro Paz gestiona un segundo Recurso y entrega los antecedentes al Ministerio del Interior. Su madre Pascualina Morales conversa personalmente con José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar, quien niega la detención de Juan Miguel. Argumentando una carencia de pruebas, el caso es cerrado en 1975.
El documento fue creado por la Vicaría de la Solidaridad, organismo que prestó asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar chilena. Funcionando al alero de la Iglesia Católica desde 1976 como continuadora de las labores emprendidas por del Comité Pro Paz, la Vicaria de la Solidaridad recopiló numerosos testimonios y denuncias, especialmente de familiares de detenidos que hasta hoy figuran como desaparecidos.