Boletín bimensual elaborado por el CODEPU regional de Santiago - Editorial - ¿El gobierno de Aylwin da la cara? - Delación compensada: Una siniestra innovación - Abrir las cárceles de Chile una tarea pendiente - CODEPU regional Santiago, Cuarto año de vida: Asumiendo nuestro desafío - Radios populares: Las voces que no acallaran - De norte a sur los trabajadores luchan por su dignidad - 119 desaparecidos, un año más sin justicia.

Carta enviada a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA, por Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior del gobierno concertacionista de Patricio Aylwin entre 1990 y 1994. El documento es una respuesta a la carta enviada por Pascualina al presidente Aylwin sobre el caso de desaparición de su hijo enviada el 4 de mayo de 1991, en la que se reitera el compromiso del gobierno con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el envío al Congreso de un proyecto de ley que contempla la creación de una Corporación de Derecho Público que se dedique a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Carta enviada por Bernardo Navarrete Yañez, Secretario de Partes de la Presidencia de la República a Pascualina Morales durante su exilio en Suecia. La misiva es enviada en nombre del entonces presidente Eduardo Frei a Pascualina para informarle de la recepción de su carta enviada el 6 de octubre de 1994 y de su envío a la Subsecretaria de Justicia. Se desconoce por el momento el contenido de dicha carta.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Carta redactada por el CODEPU Regional Santiago dirigida a diversas organizaciones que plantea la preocupación la preocupación por la situación y permanencia prisioneros políticos en las cárceles y comunica el inicio de una huelga de hambre indefinida por parte de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos, junto a las principales demandas.

El informe de la Comisión Rettig ha consignado 2.279 casos de muerte o desaparición durante el régimen de Pinochet, culpabilizando al Estado y a algunas de sus instituciones, como la judicatura. Según el autor, esta investigación ha reabierto heridas e incrementado las exigencias de castigo para los culpables.

Boletín que recoge la voz de los presos políticos chilenos de distintas militancias expresando su posicionamiento político, escriben desde la Cárcel de mujeres de Santo Domingo (Santiago), desde la Cárcel Pública de Valparaíso, el Movimiento Universitario por la Alternativa Popular (MUAP), el MIR en prisión acerca "El real sentido del No a la impunidad", el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Prisión "Corpus Christi y nuestros hermanos"; se publica también un mensaje de Adriana Pohorecky, madre de Recaredo Ignacio Valenzuela, titulado "A los presos políticos confinados en la Cárcel Pública y a todos los presos políticos de Chile; un texto del MAPU en prisión, finalmente el texto "Al pueblo de Chile y a la solidaridad internacional" firmado por Víctor Díaz Caro, Juan Gálvez Romero y José Luis Medina a nombre de la Coordinadora Nacional de los Presos Políticos (C.N.P.P.) fechado el 12 de junio de 1989.