Tríptico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a 16 años de la publicación de la listas del llamado Caso de los 119. El documento contiene una lista con los nombres de las víctimas, las autoridades y organismos del Estado responsables de la detención y desaparición forzosa, además de una breve historia de los antecedentes del caso.

Declaración pública de 31 chilenos/as en ayuno desde la Catedral Cuernavaca en México, en solidaridad y lucha por conocer el paradero de los detenidos desaparecidos.

Documento denominado Caracterización de los derechos humanos, campaña por la verdad, está organizado en 5 partes: Marco político de la "Campaña por la justicia, conozcamos la verdad" - Carácter de las organizaciones de los derechos humanos - Sobre el carácter de la movilización - Detalles de la "Campaña por la justicia, conozcamos la verdad" -Propuesta del plan de trabajo y desarrollo de la campaña.

Carta enviada por Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, exiliada en Suecia desde 1977 al programa radial "Panorama" emitido por la Radio Nacional de Suecia. En ella, Pascualina narra los dolores y la angustia que ha vivido por 16 años tras la detención y desaparición de Juan Miguel el 16 de agosto de 1974 efectuada por agentes de la DINA. Además de las numerosas gestiones y contactos con diplomáticos y políticos europeos para conocer el paradero de su hijo. Narra además su experiencia como Dama de Rojo y voluntaria en el Hospital San Juan de Dios en la comuna de Quinta Normal, lo cual le permitió conversar directamente con el dictador Augusto Pinochet y con José Toribio Merino, miembro de la Junta Militar.
La carta es enviada en 1990 tras el término de la dictadura y el inicio del periodo transicional chileno inaugurado con el gobierno de Patricio Aylwin, a quien Pascualina le escribe exigiéndole cumplir con sus promesas de justicia.

Carta a María Soledad Henríquez emitida por el Ministerio del Interior como respuesta a la solicitud de información sobre el paradero de su esposo Carlos Salcedo, detenido el 16 de agosto de 1974. En ella, el general Raúl Benavides Escobar, sostiene que no se registran antecedentes en dicho ministerio y pese a las averiguaciones realizadas no hay constancia de la detención de Carlos y se desconoce su paradero.

Carta de solicitud de información sobre el paradero de Carlos Salcedo, emitida por su esposa María Soledad Henríquez y enviada al Ministro del Interior el 22 de julio de 1975. En ella se describe la difícil y dolorosa situación familiar tras la detención de Carlos el 11 de agosto de 1974, solicitándose la normalización del caso de su marido en conformidad a las disposiciones entregadas en el decreto ley Nº 1009, el cual faculta a los organismos de inteligencia a "detener preventivamente a las personas a quienes presuma como culpables de poner en peligro la seguridad del Estado" en un plazo máximo de 5 días, tras el cual el detenido sería dejado en libertad o puesto a disposición del Tribunal que corresponda.

Carta enviada a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura, detenido y desaparecido el 16 de agosto de 1974 por agentes de la DINA, por Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior del gobierno concertacionista de Patricio Aylwin entre 1990 y 1994. El documento es una respuesta a la carta enviada por Pascualina al presidente Aylwin sobre el caso de desaparición de su hijo enviada el 4 de mayo de 1991, en la que se reitera el compromiso del gobierno con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el envío al Congreso de un proyecto de ley que contempla la creación de una Corporación de Derecho Público que se dedique a la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Carta del Subsecretario de Justicia, Eduardo Jara Miranda a Pascualina Morales, madre de Juan Miguel Mura Morales. En la misiva, se acusa recibo de la carta enviada por Pascualina al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el 6 de octubre de 1994 en relación al caso de detención y desaparición forzada de su hijo el 16 de agosto de 1974. El subsecretario manifiesta la voluntad y compromiso del gobierno demócrata cristiano de "investigar y sancionar a los responsables de cualquier atropello a los derechos humanos" y de continuar con las labores de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, realizando modificaciones al Código Penal que permitan agilizar los procesos judiciales.
Eduardo Frei Ruiz Tagle es el segundo presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de izquierda y centro que gobernaron durante la llamada Transición Chilena, periodo político que se inaugura tras el término de la dictadura cívico militar con la presidencia de Patricio Aylwin Azócar en marzo de 1990 y es bajo ese gobierno que se convoca a la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 11 de septiembre de 1973. Dicha Comisión creada por decreto supremo Nº 355 el 25 de abril de 1990 y liderada por Raúl Rettig, sesionó durante nueve meses recopilando testimonios y declaraciones sobre casos de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, los cuales fueron sistematizados en un informe final que contabilizó a 2279 personas como víctimas de violencia política, además de recomendar medidas de reparación.
En la página dos de la misiva, el subsecretario le informa a Pascualina que su hijo ha sido incluido y calificado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como Víctima de Violación de Derechos Humanos en calidad de Detenido Desaparecido y por tanto recibirá una pensión como medida de reparación junto con América Jorquera Jorquera. Sostiene además que el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle continuará investigando sobre los casos de desaparición forzada "para que sus familiares tengan noticias de su paradero."
Si bien la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no incluyó a las víctimas de torturas y detención política ni implicó una sanción penal a los perpetradores en la inmediatez, dictándose condenas incluso treinta años después y existiendo aún hoy una gran deuda en materia de verdad y justicia, es la primera vez que el Estado chileno reconoce públicamente su responsabilidad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.

Documento sobre el incumplimiento, por parte del Estado chileno, de una serie de obligaciones establecidas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Chile deberá responder ante el examen que rendirá en el periodo 16° de sesiones del CED, a realizarse entre el 8 y 18 de abril de 2019 en Ginebra.